- Insta al Estado mexicano a reforzar las estrategias de prevención, protección y lucha contra la impunidad a nivel federal y estatal
Redacción
Washington D.C.-La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el incremento de la violencia contra periodistas y medios de comunicación en México y recuerda que la crisis de seguridad contra periodistas que se extiende durante años requiere que se adopte una modalidad específica de reconocimiento, atención y respuesta. En la última semana fueron reportados los asesinatos de los periodistas Rogelio Barragán, director del medio de comunicación “Guerrero al instante” (Morelos), Edgar Alberto Nava, director del portal de noticias «La verdad de Zihuatanejo» (Guerrero) y Jorge Celestino Ruiz, del diario “Gráfico de Xalapa” (Veracruz). Asimismo, las instalaciones del periódico “El Monitor del Parral”, en Chihuahua, fueron blanco de un atentado con bomba Molotov.
La Relatoría Especial insta al gobierno federal a adoptar pasos decisivos para reforzar el Mecanismo Federal de Protección para personas defensoras y periodistas e incrementar de modo urgente la coordinación con los Estados para tal fin, así como dotar de recursos y dar prioridad a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de acuerdo a las recomendaciones realizadas en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México 2018, producto de la visita conjunta de las Relatorías Especiales de la CIDH y para la Libertad de Expresión y Opinión de Naciones Unidas (ONU).
Esta oficina ha contabilizado 10 asesinatos contra periodistas que podrían estar vinculados con su labor en lo que va del primer semestre del 2019, pérdidas que se dirigen a silenciar a quienes son más indispensables para dar a conocer la situación de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad de algunos Estados de México. También observa con preocupación el incremento de ataques contra las empresas de medios de comunicación en el país, lo que evidencia que la crisis de violencia contra periodistas en México persiste.
La Relatoria Especial insta al Estado mexicano a que investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes, esclarezca sus móviles y determine la relación que pudieran tener con la actividad periodística. Para ello, la Fiscalía Especializada debe contar con recursos, adoptar reglas claras para atraer casos en Estados con recurrencia de estos crímenes y lograr una mayor coordinación con las autoridades locales.
Los casos más recientes
La Fiscalía del Estado reportó el martes 30 de julio el asesinato del periodista Rogelio Barragán, que pese a que desarrollaba sus funciones informativas en Estado de Guerrero, su cuerpo habría sido encontrado en el estado vecino de Morelos. Las autoridades señalaron que el periodista estaba maniatado, con señales de tortura, en la cajuela de un vehículo abandonado en la Colonia Benito Juárez del municipio de Zacatepec y adelantaron que ya abrieron una carpeta de investigación al respecto.
De acuerdo a información de público conocimiento, Barragán desarrollaba sus labores en el área de periodismo judicial hace más de una década desde Chilpancingo (Guerrero) en el portal “Guerrero al Instante”, el cual dirigía y desde donde habría realizado diferentes coberturas. Aunque hasta la fecha no hay datos claros sobre si el comunicador habría sido amenazado con antelación, algunas fuentes señalan que se encontraría escapando de su ciudad, razón por la cual el cuerpo fue hallado fuera del Estado donde el periodista ejercía su labor.
Según reportes de la Fiscalía del Estado de Guerrero, el segundo periodista asesinado en menos de una semana en México, Edgar Alberto Nava, era director del portal de noticias «La verdad de Zihuatanejo». Nava fue ejecutado el viernes 2 de agosto mientras desayunaba junto a un grupo de niños en la playa, como parte de un programa organizado por el Ayuntamiento de Zihuatanejo, del cual era también director de reglamentos y espectáculos en la región de Costa Grande.
También el pasado viernes 2 de agosto fue asesinado Jorge Celestino Ruiz, corresponsal del diario “Gráfico de Xalapa”, quien según reportes de las autoridades sufrió un ataque con armas de fuego en el municipio de Actopan en el Estado de Veracruz. Según información de público conocimiento, en octubre del 2018 la casa de Ruiz habría sido atacada, por lo cual el comunicador presentó una denuncia para que el hecho fuera investigado.
Asimismo, el pasado martes 30 de julio, un grupo de encapuchados atacó con bombas molotov la sede del periódico «El Monitor de Parral» en Chihuahua, diario que anunció que dejará de imprimirse y sus reporteros ya no cubrirán informaciones del área política y judicial, en espera de encontrar mejores condiciones para el trabajo periodístico. “No habremos de publicar, absolutamente ninguna noticia de carácter policiaco – por importante que fuere-. Así mismo, tampoco nos veremos involucrados en ningún aspecto que represente un sesgo político”, indicaron a través de su cuenta en redes sociales.
El atentado contra las instalaciones de “El Monitor de Parral”, considerado uno de los periódicos más antiguos del Estado de Chihuahua, muestra la grave situación de crisis de seguridad para ejercer la libertad de expresión en el país y un incremento en los atentados y agresiones contra la prensa en comparación al mismo período del 2018.
«Nos alarma la cantidad de casos que parecen exacerbar la violencia contra la prensa en México. Es urgente revisar e implementar cambios en las políticas de prevención y protección, así como en los entes que deben investigar estos crímenes», dijo Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la CIDH.
El Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México 2018, recomendó al gobierno federal, implementar una política de prevención dada la gravedad de esta crisis, además de las medidas de protección y justicia mencionadas. Entre otras medidas se recomendó establecer un responsable de recopilar estadísticas desglosadas de los ataques contra la prensa, adoptar un discurso público de reconocimiento a la labor de periodistas y poner en marcha planes de contingencia para Estados como Guerrero, Veracruz y Chihuahua, donde hay un particular riesgo para el ejercicio del periodismo.
Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido en varias oportunidades al efecto amedrentador que tienen los crímenes contra periodistas y otros profesionales de medios de comunicación, así como para los ciudadanos que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: «[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.