La publicación del acuerdo: “Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” del pasado viernes, provocó un desencuentro más del actual gobierno mexicano con la cúpula empresarial nacional e internacional, pues -en términos generales- dicho documento establece la prioridad para las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no a inversiones en proyectos de energías renovables, las cuales estaban en camino en 18 estados de la república y significan una inversión de más de 30 mil millones de dólares, capital proveniente de empresarios mexicanos, la Unión Europea y Canadá; por ello, sus protestas diplomáticas fueron las primeras en llegar al gobierno de México. Esta situación tuvo como también como consecuencia la renuncia de César Emiliano Hernández Ochoa, presidente de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), quien sugirió antes de publicar dicho acuerdo, someterlo a consulta; proceso que, para la Secretaría de Energía simple y sencillamente no era necesario. Así pues, el sector privado nacional e internacional, recurrirá a todos los recursos jurídicos posibles para defender sus inversiones en el sector energético mexicano.