Exhortan diputados a pagos justos a ejidatarios
Redacción
Zacatecas.- El pago de menos de 500 pesos mensuales por rentar sus tierras a una empresa transnacional de energía eólica, contraviniendo lo establecido en el contrato firmado en un inicio, fue lo que motivó a la diputada Gabriela Pinedo Morales y a los diputados Jesús Padilla Estrada y Héctor Menchaca Medrano a proponer un exhorto con el que buscan acabar con las condiciones de desventaja que enfrentan los ejidatarios de El Orito.
Esta situación tiene su origen en un contrato firmado en 2014 entre el ejido y la empresa Energy Power Group, encargada de la construcción del parque eólico La Bufa 1.
Los afectados, según lo relatado en la exposición de motivos del punto de acuerdo que fue enviado a la comisión legislativa de Desarrollo Económico, Industria y Minería, sostienen que en 2013 fueron visitados por empresarios estadunidenses y funcionarios estatales quienes negociaron la renta de sus propiedades para poder instalar los aerogeneradores.
En aquel momento, les informaron que cada aerogenerador tendría unas ganancias anuales de 40 mil dólares; sin embargo; a la fecha están recibiendo 800 dólares mensuales que deben repartir entre 72 ejidatarios, dando la cantidad de 1.7 dólares para cada uno. Incluso, se agrega en la iniciativa, algunos de ellos refieren que hay meses que reciben menos de 500 pesos.
La razón que da la empresa para pagar estas cantidades es que, debido a la pandemia del Covid-19, la planta automotriz de Volkswagen de Puebla, a la que se le iba a vender la electricidad generada por el parque eólico La Bufa, detuvo sus actividades y los ingresos de la compañía han disminuido.
No obstante, la situación contrasta con el ejido vecino de El Visitador, ya que ahí se percibe una renta mensual de 6 mil 500 pesos, por lo que desde El Orito se está solicitando la revisión del contrato con el ejido pues la preocupación es que este documento tiene una duración de 30 años y las condiciones actuales son dañinas para los campesinos.
A esta petición se sumaron los legisladores promoventes de la iniciativa en la que se plantea exhortar a la Secretaría de Energía federal a revisar los contratos que firmó la empresa Energy Power Group en Zacatecas con los ejidatarios de El Orito con el objetivo de garantizar que se cumplan las cláusulas acordadas en cuanto a un pago justo por el arrendamiento de las tierras. En caso de que se detecte el incumplimiento o la existencia de cláusulas injustas para los ejidatarios, se llamó a revocar estos documentos.
Comparecencia del secretario de Finanzas
La necesidad de tener recursos suficientes para enfrentar la crisis económica que ha generado la emergencia sanitaria por el Covid-19 hace aún más indispensable la rendición de cuentas y la vigilancia que debe ejercerse sobre la aplicación del presupuesto en Zacatecas.
Por ello, la diputada Gabriela Pinedo Morales y los diputados Jesús Padilla Estrada y Héctor Menchaca Medrano aseguraron que la LXIII Legislatura tiene que participar en la revisión del ejercicio, en particular, del dinero que está ingresando a las arcas estatales por concepto de los Impuestos Ecológicos.
Por estos gravámenes el estimado de recursos que se espera obtener es de mil 230 millones de pesos anuales y a esta cifra se le suman los adeudos acumulados desde 2017 por los sujetos obligados que se ampararon pero que finalmente deberán cumplir con el pago del impuesto.
Los legisladores expusieron que desde la Ley de Ingresos del Estado 2020, que fue modificada por la contingencia sanitaria, se estableció la obligación de destinar los impuestos ecológicos a atender la emergencia de salud y a programas, obras e infraestructura que incentiven el crecimiento económico y la generación de empleos.
Aun así, se resaltó que por la vía de los acuerdos conclusivos el gobierno estatal pudiera estar ya ingresando recursos pero sin informar al Poder Legislativo del uso que se les está dando.
En este sentido, la iniciativa hizo hincapié en que no se puede descartar que “dichos recursos ya se estén ingresando al erario y no se estén empleando para lo verdaderamente aprobado y estipulado en la Ley, sino para hacer frente a eventuales e inminentes contingencias de índole electoral”.
Para terminar con esta posibilidad que, según se expuso, cada vez cobra más fuerza en el imaginario colectivo, se propuso un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario de Finanzas Jorge Miranda Castro ante las y los diputados de la LXIII Legislatura para aclarar cuánto se ha ingresado ya por los Impuestos Ecológicos, qué empresas han cubierto los pagos, con qué monto cada una y a qué se ha destinado el dinero. La iniciativa fue enviada a la comisión legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública.
Prevenir riesgos por las lluvias en colonias y comunidades
Zacatecas es uno de los 10 estados del país que no tiene una normativa específica para la relocalización de asentamientos humanos que actualmente estén en zonas de riesgo ante fenómenos hidro-meteorológicos.
Estas conclusiones de un estudio elaborado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México fueron expuestas por la diputada Alma Dávila Luévano para sustentar una iniciativa que presentó este jueves para que se pueda trabajar entre los distintos niveles de gobierno y dependencias en una reforma integral en la materia.
En la exposición de motivos, la legisladora expuso que la mayoría de los asentamientos en el estado han crecido sin tener en cuenta un diseño y un equipamiento urbano adecuado para enfrentar contingencias como chubascos, granizadas y tormentas por lo que, al ocurrir, éstos provocan afectaciones que van desde encharcamientos e inundaciones menores hasta tragedias con la muerte de personas y también con costosas pérdidas materiales.
La ausencia de infraestructura básica para enfrentar estos fenómenos, sostuvo, se ejemplifica con la falta generalizada de drenajes pluviales, de alcantarillas y bocas de tormenta, el diseño incorrecto de calles, avenidas y bulevares y la construcción ilegal sobre los cauces de ríos y arroyos.
Ante esta situación, Dávila Luévano propuso exhortar al gobernador Alejandro Tello para que convoque a una reunión entre autoridades de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y de Vivienda, Finanzas, Protección Civil, Jiapaz y el Campo, así como a representantes del INEGI, la Conagua y el Cenapred.
Precisó que el objetivo del encuentro debe ser elaborar un proyecto de reforma integral a la normativa que existe en este ámbito para poder realmente mitigar los riesgos a los que está expuesta la población por los fenómenos hidro-meteorológicos.
Además, en este análisis tendrá que tenerse en cuenta la inclusión del concepto de relocalización de asentamientos humanos que estén ubicados en zonas de riesgo y de las normas que obliguen al estado y sus municipios a intervenir, modificar y corregir la infraestructura pública actualmente deficiente.
Concluyó que esta reforma integral deberá también reforzar y aumentar las sanciones para impedir que las empresas constructoras, los arquitectos y desarrolladores inmobiliarios incumplan la normativa en la materia. Esta iniciativa fue enviada a la comisión legislativa de Agua, Ecología y Medio Ambiente y Cambio Climático.
Hacer de la justicia electrónica una realidad
La justicia electrónica es un concepto que debe introducirse en la legislación para mejorar el sistema de impartición de justicia en el estado además de que la necesidad de dar este paso ha quedado de manifiesto durante la actual emergencia sanitaria.
Por ello, la diputada Gabriela Pinedo Morales y los diputados Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada propusieron una adición al tercer párrafo del artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas para que se establezca la obligación de caminar hacia un sistema de justicia en línea.
En concreto, el texto planteado para que se agregue a la constitución señala que “para contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma ágil y oportuna, el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, implementarán de forma progresiva el sistema de justicia en línea, mediante el uso de tecnologías de información y la comunicación, a efecto de tramitar los juicios, actos procesales y todas las promociones e instancias en línea, en los términos de lo dispuesto por la ley”.
Los legisladores destacaron que los procedimientos judiciales electrónicos son una forma económica y expedita para acceder a la justicia aprovechando las tecnologías.
Regular el uso de plaguicidas desde la legislación
Para garantizar que los estados y municipios no utilicen más plaguicida importado del que autoriza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se propuso una adicción a la fracción 4 Bis del Artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Los promoventes fueron la diputada Gabriela Pinedo Morales y los diputados Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada, quienes resaltaron la importancia de que se vigile este tema por los efectos adversos que puede tener en la salud el uso de estas sustancias en el campo mexicano.
Recordaron que cinco de los plaguicidas más utilizados en el país están ya prohibidos en al menos 34 países por su alto grado de toxicidad y precisamente por las consecuencias nocivas que tienen en la salud y en el ecosistema, los legisladores destacaron que es fundamental buscar su reducción pero sobre todo su eliminación, además de la verificación y el seguimiento del manejo de estos químicos en el territorio nacional.
El objetivo de la reforma, que de ser aprobada se enviaría al Congreso de la Unión, es facultar a la Semarnat para vigilar, una vez que otorga las autorizaciones de importación de plaguicidas, que efectivamente se ingresa en cada caso lo permitido.
Esto se realizaría en coordinación con la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), además de que se deberá dar seguimiento al destino final de las sustancias en cada entidad y municipio, imponiendo sanciones cuando se detecten incumplimientos.
Capacitación obligatoria al personal de salud en perspectiva de género
Con el objetivo de introducir programas educativos en todos los niveles escolares que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y también para establecer la obligación de impartir capacitaciones sobre perspectiva de género al personal de salud, la diputada Carolina Dávila Ramírez propuso una iniciativa este jueves.
La propuesta busca reformar la fracción 8 del artículo 41 y tercera del artículo 44 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y como uno de sus fines principales está el de garantizar una adecuada atención a las víctimas de la violencia contra las mujeres por parte del personal del sector salud, a través del desarrollo de capacitaciones sobre ejercer esta profesión con perspectiva de género.
Asimismo, se plantea la implementación de programas educativos para fomentar una vida libre de violencia debido a que la legisladora considera que una cultura no violenta contra las mujeres puede crearse incidiendo en la educación desde los niveles de educación básica.
Con ello, dijo, se podrán atacar las causas que provocan la violencia y por tanto será posible ir eliminándola poco a poco desde la raíz.
Establecer la posibilidad de ser votado con doble nacionalidad
Actualmente para poder contender a un cargo de elección popular en México es necesario que la persona interesada tenga solo la nacionalidad mexicana, es decir, en caso de tener una segunda nacionalidad como, por ejemplo, la estadounidense, se debe renunciar a ésta para poder hacer efectivo el derecho a ser votado.
Esta situación fue considerada como discriminatoria por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, quien este jueves presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tendría que ser enviada al Congreso de la Unión en caso de ser avalada por los legisladores zacatecanos.
Señaló que hay contradicciones en estos momentos en la Carta Magna debido a que, por un lado, se plasma el derecho humano a la no privación de la nacionalidad por nacimiento y a obtener otra nacionalidad sin perder la mexicana, pero por otra parte se exige la renuncia cuando se busca ser votado en una elección.
