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Presentan diputados diversas iniciativas
- Entre ellas están las propuestas de fiscalizar recursos contra la violencia, garantizar igualdad salarial e ingreso mínimo vital; además, dos de ellas tiene que ver con el bienestar animal y delitos contra la comunidad LGBT
Redacción
Zacatecas.- El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez presentó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado revise la aplicación de los recursos que se han destinado este año y en 2019 a las acciones de prevención de la violencia y la delincuencia.
Consideró que es necesaria esta fiscalización, teniendo en cuenta las cifras actuales sobre incidencia delictiva e inseguridad, para conocer cuál está siendo el desempeño de las dependencias enfocadas a este rubro.
De esta forma, dijo se podrá “identificar no sólo si hay cumplimiento al dispositivo legal, sino si se están aplicando de manera eficiente los recursos y en el objetivo para el que fueron otorgados.
Incluir a la agricultura familiar dentro de los programas de apoyo
El diputado Armando Perales Gándara leyó una iniciativa para reformar la Ley para el Desarrollo Rural Integral Sustentable del estado con el objetivo de que se incorpore la agricultura familiar dentro de los programas de apoyo y capacitación del sector agrícola para incrementar la capacidad técnica y productiva del campo zacatecano.
Refirió que este tipo de agricultura es fundamental para erradicar el hambre ya que promueve la producción y el consumo de alimentos saludables y nutritivos.
Asimismo, el legislador consideró que con la agricultura familiar se promueve el autoconsumo sobre todo en las familias con menos ingresos, se salvan las dificultades de muchos productores zacatecanos a la hora de comercializar sus cultivos y se eleva la capacidad productiva de la entidad.
Por otro lado, la diputada Susana Rodríguez Márquez busca consolidar la igualdad salarial desde la Constitución Política del estado con una reforma al artículo 28.
Tras señalar que actualmente persisten las condiciones de desigualdad salarial entre mujeres y hombres, sostuvo que es necesario que desde la Constitución se establezca una perspectiva integral de prevención y rechazo a prácticas violentas como el sexismo, el acoso y la discriminación hacia las mujeres pero también hacia cualquier otro grupo vulnerable.
Por ello, la iniciativa plantea añadir un párrafo en el artículo 28 para que se asiente que “a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder un salario igual; la parte patronal no deberá discriminar al trabajador por su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos o libertades.”
Además, la diputada federal zacatecana Frida Alejandra Esparza Márquez presentó cuatro iniciativas de reformas a la legislación local en materia de ingreso mínimo vital, bienestar animal y delitos contra la comunidad LGBT.
Una de las propuestas busca incluir en la Constitución Política del estado el derecho de las y los zacatecanos a recibir un mínimo vital con el que se garantice que puedan cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, además de que también se busca incluir la figura del mínimo vital de emergencia que se aplicaría en contingencias que afecten a la economía de las familias como, por ejemplo, la actual situación provocada por la pandemia del Covid-19.
Por otra parte, la legisladora federal también propuso reformar la Ley para el Bienestar y Protección Animal del estado con la finalidad de incluir como una forma de maltrato animal “las intervenciones quirúrgicas cuyo objeto sea modificar la apariencia de un animal doméstico o de compañía o conseguir otros fines no curativos”, refiriéndose particularmente al corte de cola y orejas que se practica en algunas especies animales.
Por último, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal del Estado en materia de discriminación en contra de los miembros de la comunidad LGBT. Con estos cambios busca que se tipifiquen como delito las “mal llamadas terapias de conversión”.
Concretamente, se propone agregar una fracción al artículo 182 para que se castigue a quien “imparta, promueva, ofrezca, someta u obligue a otro a recibir terapia o cualquier tipo de prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psíquicas, métodos o tratamientos que tengan por objeto anular, obstaculizar o modificar la orientación sexual y la expresión o identidad de género de una persona”.
