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Transparencia legitima gestión pública: Julieta del Río

Redacción

México.- La transparencia legitima la gestión pública al conceder a los ciudadanos ciertos grados de gobernabilidad. En las democracias modernas aquello que se hace sin transparencia es considerado ilegítimo, consideró la Comisionada Julieta Del Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Aseveró que la transparencia es el resultado de exigencias sociales ligadas a la posibilidad que tienen los ciudadanos para analizar y ejercer una opinión fundada sobre la calidad del ejercicio del poder, así como inhibir los actos de corrupción. Durante el año 2019 el costo que tuvo la corrupción —en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades— fue de 12 mil 769 millones de pesos, lo que equivale a 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada.

La corrupción debilita nuestras instituciones y la calidad democrática. De acuerdo con el Latinobarómetro, solo 16% de los mexicanos estaban satisfechos o muy satisfechos con la democracia. Además, los mexicanos desconfían profundamente de las instituciones. Según datos del INEGI, en nuestro país las policías, los representantes sociales y los partidos políticos son las instituciones que menos confianza inspiran a los mexicanos.

En los últimos años han aumentado en las solicitudes de información como reflejo del interés de la sociedad por conocer las actividades de sus autoridades y exigir una rendición de cuentas. Además de reconocer que hay avances importantes de la transparencia en lo privado, pues algunas empresas han apostado por la transparencia de sus funciones sobre todo cuando sus actividades son controversiales. La transparencia del sector privado es más avanzada en otros países que en México.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es el sistema de rendición de cuentas integral y articulado que nos dimos los mexicanos para recuperar la confianza en nuestras instituciones democráticas. Sin embargo, ha sido soslayado por los gobiernos federal y estatales actuales, así como por la población misma.

Por ello es fundamental contar con un sistema de rendición de cuentas integral y articulado, donde los diversos componentes (auditoría, fiscalización, procuración y administración de justicia, transparencia y acceso a la información, inteligencia administrativa y financiera, y otros) estén claramente perfilados, vinculados y, sobre todo, incluyan mecanismos para que la ciudadanía vigile a sus autoridades.

No existe una solución única y milagrosa para acabar con la corrupción. Dependemos del trabajo de todas y todos, siempre en conjunto y por el bien común, finalizó.

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